La sangría no acaba. La guerra entre los narcos y el Gobierno mexicano ya ha provocado 70.000 muertes y más de 30.000 desapariciones. ¿Cómo ha llegado México, en siete años, a estas cifras de escándalo y horror, solo comparables en América Latina a las de las dictaduras de Argentina y Chile? Por Carlos Manuel Sánchez

«El mundo ya no es digno de la palabra / nos la ahogaron adentro». Así se despedía el poeta mexicano Javier Sicilia de la poesía. Renunciaba. Dimitía… Gritaba: ¡Estamos hasta la madre!

¿Para qué más versos en un país que se ahoga en sangre, atrapado en una guerra entre los narcos y el Gobierno que se ha cobrado 70.000 muertos desde 2006 y más de 30.000 desaparecidos de los que nada se sabe? Es como si todo el país estuviese en el sitio equivocado en el peor momento, desangrándose en mitad de la balacera y la impunidad. A Sicilia le duele su país y le duele su hijo asesinado, Juanelo, de 24 años, estudiante de Administración de Empresas. Un joven que jugaba al fútbol y que había conseguido ir a la universidad, a pesar de su dislexia. Y que fue torturado junto con otros inocentes en Cuernavaca sin más razón que la sinrazón. Y Sicilia, de repente, no tiene nada más que escribir. Pendejos versos…

Lo que era una guerra contra los narcos acabó en un caos al que se sumaron paramilitares, grupos de autodefensa y delincuentes comunes

Pero el humilde silencio de un poeta se fue haciendo clamor. Y la muerte de un hijo se convirtió en un milagro cívico. Sicilia organizó una marcha de Cuernavaca a Ciudad de México. Sin planes ni pretensiones: «Yo pensaba: ‘si llego solo, llegaré solo y ya veré qué hago'». Pero no llegó solo y esa primera caminata, hace dos años, fue el germen del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De repente, las familias de las víctimas, que habían sido ignoradas, intimidadas y amordazadas por el Gobierno del anterior presidente, Felipe Calderón, tuvieron una voz. Y se agarraron a esa voz como a un clavo ardiendo. Una voz que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, no está teniendo más remedio que escuchar. Porque es la voz de la conciencia de México. Una voz coral que cuenta miles de historias distintas y parecidas; todas, atroces; todas, incompletas porque como recuerda el último y demoledor informe de Human Rights Watch (HRW) sobre los desaparecidos en México «cada día que pasa es otro día sin que las autoridades hayan encontrado a las víctimas y otro día que las familias siguen sufriendo por no saber qué les sucedió a sus seres queridos».

Para contar algunas de esas historias, hay que situarlas en su contexto. ¿Cómo ha llegado México a sumergirse en «la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas»?, siempre según HRW. Una crisis sin parangón desde las dictaduras de Argentina y Chile. El detonante fue la campaña militar contra los cárteles de la droga que vertebró el sexenio de Calderón en el poder. La estrategia no solo no logró contener a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad; estos abusos exacerbaron el clima de violencia, caos y temor , continúa el informe de la organización humanitaria.

El estado de Michoacán fue el primer campo de batalla desde que Calderón puso al Ejército a patrullar las calles. Pero lo que era una guerra contra los narcos fuesen los Caballeros Templarios, los Zetas, el cártel de Sinaloa, el del Golfo o cualquiera de la decena de bandas que luchan por el control del tráfico de drogas se convirtió pronto en un caos al que se sumaron grupos paramilitares, de autodefensa y delincuentes comunes. En la refriega, la población civil fue la gran víctima colateral. Cualquiera podía ser abatido en un ajuste de cuentas, secuestrado por móviles económicos o detenido en una redada policial donde se persigue a líderes vecinales o sindicales con la excusa de luchar contra los grupos criminales. Igualmente, los narcos podían perpetrar un escarmiento ejemplar contra una familia, un barrio o todo un pueblo sospechoso de colaborar con otra banda o con el Gobierno La violencia se extendió a once estados y sumió en la anarquía a más de la mitad del territorio nacional. La situación no ha mejorado.

Y se dan paradojas como que Juárez se haya convertido en la ciudad más insegura del mundo. Allí se cometieron más asesinatos que en todo Afganistán en 2009, a pesar de la enorme presencia de fuerzas de seguridad. Calderón negó los abusos y exigió a los medios de comunicación que hablasen bien de México . Alardeaba, además, de las 105.000 detenciones de narcos que se produjeron durante su mandato, pero solo 3000 de los detenidos han sido procesados o cumplen condena. Como la Fiscalía no acompaña a los operativos policiales y militares en las investigaciones, la gran mayoría sale en libertad por falta de pruebas.

Muchos de estos casos comienzan como secuestros: primero reclaman dinero a los familiares, pero luego no vuelven a llamar y nadie investiga

HRW ha documentado 250 desapariciones, de las que en 149 hay evidencias de que han estado implicados el Ejército, la Marina, la Policía Federal y policías estatales y municipales. Pero hay miles de casos; más de 26.000 según una filtración de un recuento provisional, aunque el número total se desconoce y algunas ONG calculan que ronda los 30.000. Las autoridades federales se han comprometido a dar a conocer una estadística oficial este verano, con nombres y apellidos de las víctimas. El Gobierno también ha creado una unidad para buscar a los desaparecidos, presionado por una huelga de hambre de un grupo de madres. Pero solo ha destinado 12 agentes a este nuevo organismo, que carece de jefes, presupuesto y hasta sede. Y que debería funcionar como ventanilla única para coordinar las labores de búsqueda y el apoyo a las víctimas.

Víctimas como José Fortino Martínez, que administraba una cooperativa escolar en Nuevo Laredo. La noche del 5 de junio de 2011 dormía en su vivienda con su esposa, Oralia Guadalupe, y sus cuatro hijos cuando un grupo de encapuchados derribaron la puerta. Llevaban armas y vestían chalecos antibalas con la inscripción ‘Marina’. Uno de ellos se disculpó con la esposa por haber roto la puerta y le dio 200 pera cubrir los gastos. Es que nos denunciaron que aquí había algo y por eso entramos así , le dijo. Luego se llevaron a José en una camioneta. La mujer estuvo buscando el convoy militar con su coche hasta que lo encontró en una gasolinera. Habían detenido a varios hombres más, que estaban esposados y con bolsas en la cabeza. Varios vecinos grabaron y fotografiaron con sus teléfonos móviles el operativo. Oralia se acercó a uno de los uniformados y le dijo que su marido no había hecho nada. «Muchos dicen que no hacen nada. Pero no todos son blancos palomitos», le respondió. Luego, el hombre le advirtió que le dispararían si continuaba siguiéndolos. Desde aquel momento no se ha vuelto a saber nada de José.

Tampoco Irma Alicia Trejo ha vuelto a saber nada de su hijo Francisco, estudiante de Informática de 22 años, del que se perdió el rastro en el metro del Distrito Federal en marzo. «Lo tenemos guardadito», decía un mensaje que llegó al móvil de un amigo. Es la única pista. «Estuve un mes callada, con miedo y en silencio, porque las autoridades me decían que me estuviese quieta, que ellos se encargaban, pero nadie hace nada», cuenta. Un problema muy común es, precisamente, que no se investigue. O que sean los propios familiares los que tengan que hacerlo. O que los agentes indiquen a los familiares que deben esperar varios días antes de presentar una denuncia. O, para más inri, que les sugieran que las víctimas fueron agredidas porque probablemente estaban implicadas en actividades ilícitas. Margarita López es una de esas madres coraje que ha tenido que indagar por sí misma el paradero de su hija. Según sus propias investigaciones, fue torturada, violada y decapitada. Suplica a las autoridades que se sensibilicen. «Ojalá que nunca estén en nuestros zapatos». Y a Araceli González, madre de una adolescente de 13 años secuestrada, le enviaron un mensaje anónimo. «Llora mucho, porque la violan a diario», decía la misiva. La Secretaría de Gobernación pide paciencia a las familias. «Pero nuestros hijos no pueden esperar», responden. En realidad, México no puede esperar. El silencio de un poeta ha servido para que todo un país esté haciendo examen de conciencia. Después de todo y como decía otro poeta, el guipuzcoano Gabriel Celaya, «la poesía es un arma cargada de futuro».