Un denunciante anónimo ha puesto contra las cuerdas a Trump: ¿héroe o chivato?
Un denunciante anónimo es capaz de tumbar a un presidente en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? La figura del ‘whistleblower’ o ‘informante’ surgió con la propia nación americana, en el siglo XVIII. Allí, quien destapa abusos del poder es protegido por la ley y aplaudido como un héroe. En pocos países sucede lo mismo. En España tampoco. Por Anabel Unamuno / Fotos: Drew Angerer y Getty Images
• ¿Qué es y quienes han sufrido un impeachment?
De momento, su identidad es un misterio. Igual que su cargo y hasta su sexo. Solo se sabe que forma parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que ha tenido acceso a una comprometedora conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente de Ucrania y que su denuncia ha puesto contra las cuerdas al hombre más poderoso del planeta. Hablamos del whistleblower que ha precipitado el proceso de impeachment contra Trump. Este informante, en paradero desconocido, es el último en incorporarse a una larga lista en la historia de ese país.
Se podría decir, de hecho, que la figura del whistleblower está incrustada en el ADN de la democracia más antigua del planeta, ya que la primera legislación que abordó este asunto se aprobó en 1778, apenas dos años después de la Declaración de Independencia. Fue una ley promulgada para proteger a diez miembros de la Marina que delataron nada menos que a su comandante en jefe, el comodoro Esek Hopkins, por «tratar de manera bárbara e inhumana» a los prisioneros de guerra británicos. Meses después fue apartado de su cargo.
La revista ‘Time’ destacó en su portada a tres ‘whistleblowers’ como Personas del Año: Cynthia Cooper, Coleen Rowley y Sherron Watkins
Herederos de aquellos pioneros, son célebres whistleblowers como Daniel Ellsberg, que filtró en los setenta los Papeles del Pentágono para destapar las vergüenzas de la guerra de Vietnam; Mark Felt, el ínclito Garganta Profunda que acabó con la Presidencia de Richard Nixon; o nuevos cruzados digitales como Chelsea Manning y Edward Snowden.
Los whistleblowers, sin embargo, no solo protagonizan casos políticos, también exponen las miserias de grandes corporaciones, como el caso de Jeffrey Wigand, que en 1996 denunció que las tabacaleras añadían químicos a la nicotina, pese a saber que podían ser cancerígenos. La ley que ampara a estos denunciantes data de 1863 -False Claims Act o ‘ley Lincoln’, que contemplaba recompensas para ellos- y fue promulgada al calor de la guerra civil. Se trataba de poner freno a los contratistas que proporcionaban caballos y mulas decrépitos, armas y municiones defectuosas o comida rancia a los ejércitos.
Durante la Guerra Fría, aquella norma se reformó para endurecer las penas y desde entonces se calcula que el Departamento del Tesoro ha recuperado 60.000 millones de dólares en impuestos gracias a este tipo de denuncias.
DELATAR COMPENSA
Hoy en día, la figura del whistleblower está tan arraigada que la usan instituciones como la SEC, supervisor del mercado de valores, que premia a los denunciantes con entre el 10 y el 30 por ciento de la multa impuesta a la empresa denunciada. Desde 2012, el organismo ha repartido 376 millones de dólares entre 61 denunciantes.
Junto con la compensación económica, la clemencia es otro mecanismo fructífero para incitar a la delación. «Quienes más saben sobre los fraudes son quienes participan en ellos -ilustra Juan Carlos Ortiz Pradillo, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y autor del libro Los delatores en el proceso penal-. Y cuando alguien se arrepiente y denuncia, se lo exime de responsabilidad».
Pese al reconocimiento, la vida del «whistleblower» nunca es sencilla. A la larga los efectos pueden ser devastadores para ellos y sus familias. La mayoría no ha podido volver a trabajar.
Los agentes de inteligencia, por su parte, se rigen por una ley de 1998, la Intelligence Community Whistleblower Protections Act, que establece una serie de canales y protocolos para las denuncias. Es la norma a la que se acoge el whistleblower de Trump, aunque el presidente ya haya dicho que quiere averiguar la identidad de su denunciante y saber quién le dio la información: «Es lo más parecido a un espía. ¿Sabes lo que solíamos hacer antes con los espías y los traidores? Solíamos manejarlos de una manera un poco diferente de lo que hacemos ahora…».
Proteger al denunciante no es, en todo caso, una costumbre muy extendida por el mundo. Según la organización Blue Print for Free Speech, la mitad de los países del G20, pese al compromiso asumido hasta en dos ocasiones de desarrollar normas al respecto, cuentan con «una legislación muy pobre» en la materia o, directamente, no la tienen. De hecho, solo 10 de los 28 socios europeos -entre ellos, Italia, Holanda, Suecia o el Reino Unido- han desarrollado regulaciones específicas. El resto deberá ponerse las pilas, ya que el Parlamento Europeo aprobó en abril una directiva que obliga a garantizar un «alto nivel de protección» a los whistleblowers.
Un presidente de Estados Unidos nunca está solo cuando habla por teléfono con un líder extranjero, tal y como se ve en esta imagen de 2017, en la que Trump charla con Putin. De todos los que lo rodeaban entonces, solo queda a su lado el vicepresidente Mike Pence (con pelo blanco). A los demás los ha destituido o han dimitido.
La nueva norma, que los Estados deben aplicar en dos años, habla de «canales seguros» para denunciar, medidas antirrepresalias y recompensas, elementos que en nuestro país brillan por su ausencia. Whistleblowers como Ana Garrido se enfrentan en España a un auténtico calvario. Esta funcionaria del madrileño Ayuntamiento de Boadilla denunció en 2009 una trama de corrupción que acabó convirtiéndose en el caso Gürtel. Pese al reconocimiento de organizaciones como Transparencia Internacional, ha denunciado amenazas y persecuciones, ha sido denunciada y ha perdido su vivienda. Llegó incluso a vivir como okupa en un piso embargado.
Su caso ilustra de forma paradigmática las diferencias culturales que subyacen tras la figura del whistleblower. No en vano florecen en sociedades donde denunciar un fraude o un delito se considera una forma de servicio público. Basta con recordar como, en 2002, la revista Time destacó en su portada a tres whistleblowers como Personas del Año. Sherron Watkins y Cynthia Cooper destaparon los fraudes corporativos de sus respectivas empresas (Enron y WorldCom), mientras que la agente del FBI Coleen Rowley denunció las negligencias de la agencia federal ante las pistas que anticiparon el 11-S.
HÉROES O CHIVATOS
«En Estados Unidos se los considera héroes, resistentes cívicos. Sus denuncias benefician a la sociedad, pero en España necesitamos reflexionar sobre esto -advierte Ortiz Pradillo-. En los colegios ya se habla de valientes’ o de alumnos ayudantes’ para identificar a chavales que denuncian acoso, pero cuando denuncia un adulto todavía se lo tacha de chivato’ o traidor’».
Aunque todos los partidos se han comprometido a aprobar una ley que garantice el anonimato, evite represalias y facilite asesoría jurídica a los denunciantes, no se ha pasado de las buenas palabras. Dar con el término adecuado es uno de los escollos. «La terminología que escojamos denotará nuestra forma de percibir el problema. Soplón’ o confidente’ tienen connotaciones peyorativas en nuestra cultura. Hay términos, como alertadores’ o informantes’, que quizá encajen mejor», dice Ortiz Pradillo.
‘Denunciante’, añade el experto, tampoco serviría, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite denuncias anónimas en aras de preservar los derechos del denunciado. Es imposible, por tanto, garantizar su anonimato. «Además -explica-, a menudo los denunciantes son perseguidos penalmente, pues es habitual que se los acuse de revelación de secretos».
A falta de una ley estatal, existen normativas autonómicas en Comunidad Valenciana, Castilla y León o Baleares, aunque insuficientes. «En su día, Cataluña presentó una ley antifraude muy prometedora -subraya Ortiz Pradillo-, pero no sirvió para evitar casos como el del 3 por ciento o el caso Palau. Las leyes hay que ponerlas en práctica».
El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva que otorga un alto nivel de protección a estos informantes. Apenas diez países de la UE contemplan esta figura
Esta percepción cultural negativa hacia el ‘chivato’ tiene, según el académico, raíces históricas. «Por la influencia judeocristiana de nuestro sistema jurídico, al soplón’ se lo relaciona con Judas, delator de Cristo, o con los denunciantes anónimos de la Inquisición. Y, más recientemente, con los de la dictadura franquista».
DAÑOS COLATERALES…Y FAMILIARES
En todo caso, incluso en los países donde gozan de protección, la vida del whistleblower nunca es sencilla, con efectos a menudo devastadores para ellos y sus familias. Según Tom Muller, autor de Crisis of conscience, de los 200 que entrevistó para su libro, una «abrumadora mayoría» no habían podido volver a trabajar.
Es uno de los riesgos de enfrentarse a políticos y corporaciones todopoderosos, incluso en países, como Corea del Sur, donde los protege la legislación. Bien que lo sabe el abogado Kim Yong-chul, director durante años del gabinete legal de Samsung. Tras denunciar en 2010 prácticas corruptas en el seno de la gran multinacional surcoreana, sufre hoy el aislamiento social y la censura de los medios de comunicación de su país.
Pese a las dificultades, sin embargo, la protección legal hacia los whistleblowers -con mayor o menor margen de mejora- va calando en cada vez más países, con Islandia como alumno más aventajado. El país nórdico es hoy un auténtico paraíso para los denunciantes después de que la crisis económica de 2008, que azotó con especial intensidad a la isla, destapara varios escándalos económicos y la mala gestión del Gobierno. Por un tiempo incluso se especuló con la idea de que Edward Snowden pudiera obtener la ciudadanía islandesa.
Nada, en todo caso, que preocupe a Donald Trump, centrado ahora en su defensa para evitar convertirse en el primer inquilino de la Casa Blanca destituido por un impeachment. Y no lo tiene fácil, ya que el trabajo se le acumula sobre el escritorio del Despacho Oval después de que un segundo whistleblower diera otro paso al frente para denunciar el papel del presidente en la trama ucraniana. De momento, Andrew P. Bakaj -abogado de los dos informantes de quienes depende el destino de Trump- ha pedido «protección» para ambos al director nacional de Inteligencia, Joseph Maguire. Está en juego el anonimato y el futuro de sus clientes. También el de Donald Trump.
Y ALZARON LA VOZ
Snowden en la CIA, Manning en el ejército, pero ha habido muchos más…
2002: SHERRON WATKINS Y EL GIGANTE ENRON
Cuando era vicepresidenta del gigante energético norteamericano, Watkins envió una carta anónima al fundador y CEO de la compañía, Kenneth Lay, advirtiéndolo de graves irregularidades contables. Unos meses más tarde, Enron se declaró en bancarrota. En 2002, Watkins declaró ante el Congreso sobre las prácticas fraudulentas de Enron.
2002: COLEEN ROWLEY Y EL 11-S
Esta exagente del FBI denunció ante sus superiores (y más tarde ante una comisión del Senado) las negligencias que impidieron investigar al sospechoso de terrorismo Zacarias Moussaoui antes de los ataques del 11-S. En 2006, Moussaoui fue condenado a seis cadenas perpetuas por su implicación en los atentados.
2002: CYNTHIA COOPER Y WORLDCOM
Como vicepresidenta del departamento de auditorías internas, Cooper y su equipo descubrieron un fraude de más 3800 millones de dólares en las cuentas de la compañía de telecomunicaciones. La empresa terminó declarando la bancarrota y varios de sus ejecutivos acabaron en la cárcel.
2008: HERVÉ FALCIANI Y la LISTA FALCIANI’
Este informático francoitaliano filtró el nombre de 130.000 evasores fiscales ligados a la filial suiza del banco HSBC, donde trabajaba. La información ha sido utilizada por varios países para perseguir el fraude fiscal. Solo en España, la ‘lista Falciani’ ha permitido a Hacienda recuperar 260 millones. En 2015, sin embargo, la Justicia suiza lo condenó a cinco años de cárcel por espionaje. Residente en España desde 2013, la Audiencia Nacional se opone a su extradición.
1998: LINDA TRIPP Y EL CASO LEWINSKY
Mientras trabajaba como funcionaria en la Casa Blanca, Tripp entabló amistad con Monica Lewinsky. Pero cuando la becaria se sinceró sobre su relación con Bill Clinton, empezó a grabar sus conversaciones privadas. Después filtró aquellas grabaciones (e informó de la existencia del famoso vestido azul) al fiscal Kenneth Starr, cuyo informe se utilizó para iniciar el proceso de impeachment contra Clinton. Tripp siempre mantuvo que actuó por puro «deber patriótico».
2004: JOE DARBY Y ABU GHRAIB
El soldado Joe Darby durante una entrevista
Destinado en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, este soldado entregó a sus superiores imágenes de las torturas y abusos cometidos por compañeros contra presos iraquíes. Se le garantizó el anonimato, pero el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, desveló su identidad. La mayoría de sus vecinos (y miembros de su familia) lo consideraron un traidor. Darby nunca pudo volver al pueblo de Maryland donde vivía con su mujer. Ambos entraron en un programa de protección de testigos.