Educar e infraeducar

Artículos de ocasión

Hace unas semanas estalló una polémica curiosa en torno a la educación en España. La ministra en funciones, Isabel Celaá, pronunció una conferencia ante representantes de colegios concertados. Para sorpresa de los asistentes, deslizó que el famoso derecho a escoger la escuela donde estudian los hijos no es algo que esté recogido específicamente en la Constitución española. De inmediato, el frente de padres de alumnos de la concertada y algunas de las más altas instancias religiosas y empresariales asociadas a ese negocio saltaron en tromba contra ella. Para desgracia de los españoles, el debate fue de inmediato acallado con una aclaración de la ministra. Si no me equivoco, lo que vino a decir fue más o menos que no importaba tanto lo que se especificara o no en el texto constitucional, sino que, en su espíritu, los gobiernos futuros no van a tocar este sistema del que ahora gozamos. Pero como es un asunto de extrema importancia en nuestro país, convenía sentarse y pensar sobre ello, precisamente al ver lo rápido con que se exigieron disculpas y aclaraciones. Un debate que se cierra en falso es siempre sospechoso. Así que lo más sencillo es que viajemos hasta el artículo 27 de nuestra Constitución y leamos lo que dice.

1. Todos los españoles tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

En otras palabras, que la Constitución casi viene a decir que nos las apañemos por nuestra cuenta para formalizar un acuerdo educativo, cosa que no logramos jamás. Es más complicado consensuar una ley de educación en España que viajar a la Luna. Pero hay algo que esta polémica deja fuera y es la madre del asunto. La educación es la garantía máxima de la igualdad en un país. Y aquí España suspende por incomparecencia. Todo el mundo comienza ya a saber, por propia experiencia tras las décadas de democracia, que la libertad para elegir centro provoca desigualdad entre los estudiantes. Elogiamos de manera constante el modelo finlandés educativo, pero para empezar allí la escuela es pública y por esa razón las personas más ricas se emplean a fondo en que el colegio del barrio al que le corresponde enviar a sus hijos esté en buenas condiciones. Aquí deberíamos prestar atención a la desigualdad por zonas y por estatus económico. Y en especial la inmigración y los núcleos de población marginados deberían contar con mayor ayuda por parte de los centros concertados. El reparto no está bien diseñado y hasta institutos y colegios públicos comienzan a discriminar utilizando el bilingüismo y demás artimañas. En algunas zonas, la desigualdad es tan notable que termina por envilecer las presuntas bondades de nuestro sistema. La enseñanza, si no es el trampolín social que debería ser, cae en una perpetuación interminable de los privilegios de algunos y las desventajas de otros. Quizá por ahí habría tenido más sustancia esta polémica. Seamos sinceros, en España hay libertad educativa, pero no hay igualdad. Cuando una virtud se degrada y provoca un defecto tan enorme, es que algo estamos haciendo mal.