A menudo a los ciudadanos les pasa desapercibido que los excesos de sus gobiernos, ya sean locales o nacionales, los terminan pagando de su bolsillo. En ocasiones reclaman castigos judiciales desmesurados o defienden posiciones populistas, y los políticos en el poder los escuchan porque les resulta beneficioso ganarse el favor de la gente. En otras ocasiones, estas actuaciones del poder responden a favores políticos, a guiños a países aliados o a personajes que medran en torno a la política. Todos estos defectos de actuación los terminamos pagando nosotros. Lo que ocurre es que cuando tenemos noticia de la multa ya ha pasado demasiado tiempo y todo nos da igual. La lentitud de la justicia es otra forma de injusticia, más que nada porque impide expresar un juicio objetivo sobre un gobierno. Hace pocas semanas recibimos la condena de casi doscientos mil euros por la actuación del Estado español en el caso Couso. Como muchos recordarán, José Couso era un cámara de televisión que fue asesinado por las tropas norteamericanas durante la invasión de Irak. Corría el año 2003 y, por entonces, a nuestro Gobierno puntual le interesaba asociarse a esa acción bélica para granjearse el apoyo de Estados Unidos. Luego hemos sabido que los responsables gubernamentales sacaron buena tajada de ese posicionamiento, durante años sus familias no pasarán aprietos económicos, pues se situaron en una élite muy ventajosa.

La realidad es que el Gobierno español de entonces, con la alianza inestimable de algunos de sus jueces locales, lograron parar la investigación, y la familia de José Couso se sintió desamparada y abandonada por su propio país. Esto sería una indignidad grave por sí sola, pero ahora, dieciocho años después, ha sido corroborada por el Tribunal Supremo, que condena al Estado a pagar la indemnización a la familia por la omisión de protección diplomática. Tras este delito se esconde una verdad más trascendente, sencillamente que los gobernantes primaron sus intereses estratégicos y políticos sobre la razonable búsqueda de justicia. No hay que olvidar que, en esos mismos tiempos, se desarmó el amparo a la justicia universal que permitió, por ejemplo, enjuiciar al dictador Pinochet. Es decir, nos encontrábamos en un proceso largo y exitoso para transformar España en un país sumiso con el poderoso. Fue un logro que los patrones apreciaron y, con sus sutiles formas indirectas, recompensaron generosamente. Lo cierto es que la indemnización a la familia la pagaremos todos de nuestros impuestos, pero nadie osa reclamar a los culpables de una afrenta así.

El asesinato de Couso se produjo con todas las ambigüedades de la guerra. Un tanque encañonó el hotel donde se albergaban los periodistas con la sola misión de amedrentarlos y dificultar su trabajo, tan importante para la causa de la libertad informativa. En ese ataque, que nunca sabremos si fue planeado o espontáneo, murió Couso. La sentencia recuerda que los ciudadanos tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración para el resarcimiento de los perjuicios que les ocasiona un delito cometido por otro Estado. En pocas palabras, al renunciar a la investigación, a la lucha por esclarecer el suceso, y al abandonar a la familia a su propio e incierto destino judicial, el Estado traicionó a uno de sus ciudadanos. Y lo hizo envuelto en las banderas habituales del patriotismo, un cuento que sirve para mentir a la gente de manera descarada y zafia. Por supuesto que el dinero nunca paliará las sensaciones íntimas de la viuda del cámara y sus dos hijos. Lo que ellos anhelaban, imagino, era sentirse amparados por su nación. Pese a que mayoritariamente los españoles se opusieron a la guerra y trataron de impedir la asociación con los países que la declararon con manifestaciones masivas, son de nuevo esos ciudadanos quienes al final de este largo proceso tendrán que hacer frente al pago de la indemnización con el dinero del erario. Un dinero que ojalá ahora pudiéramos destinar a paliar las consecuencias de la pobreza o para impulsar la carrera