Prometo destruir los servicios públicos
ARTÍCULOS DE OCASIÓN
Una de las grandes frustraciones de toda campaña electoral es que se pueden prometer toda clase de iniciativas sin que su incumplimiento posterior pase factura. Aquí no cabe distinguir entre partidos, la lectura que hacen los ciudadanos es tan fatalista que ya ni conceden importancia a esa forma evidente de mentira. Pero quizá la más grave de todas las declaraciones que se formulan en campaña es aquella que tiene que ver con el respaldo a los servicios sociales. No hay apenas ningún partido que se atreva a decir en voz alta que su misión política vaya a consistir en demoler el estado de bienestar, sino que todos ponen el acento en lo mucho que van a respaldar la enseñanza pública, la sanidad de todos, el transporte asequible. Para apreciar el engaño que se maneja por debajo de estas declaraciones tan bien sonantes, tendríamos que establecer un estudio pormenorizado de todas las acciones de gobierno que tienen como finalidad lo contrario de esa promesa de resguardo de las asistencias sociales. En la educación somos incapaces de medir el impacto de las ayudas a los centros privados, de dibujar cómo es posible que aumente la segregación por barrios, por niveles sociales y por origen de los alumnos mientras el discurso se orienta en la dirección opuesta. La sanidad es otro de los elementos que se festejan en esa promesa eterna, pero los datos nos dicen que el camino que hemos emprendido es hacia la privatización de la salud.
Muchos españoles comienzan a sospechar que la pandemia ha traído una puñalada por la espalda a los servicios sanitarios públicos. No puede ser azaroso que la mayor partida de fondos haya terminado en bolsillos privados. Cuando nos topamos con ese sistema híbrido entre el chanchullo y el bazar de oportunidades en que se ha convertido la toma de test de antígenos antes de viajar, antes de trabajar y antes de entrar en ciertos lugares, no vemos ni por asomo un fortalecimiento de la salud pública. Todo lo contrario. Lo que vemos es un crecimiento económico desmesurado de chiringuitos analíticos poblados de empleados precarios, condiciones más que dudosas y apenas rigor vigilante. Se parece demasiado a la expansión de las empresas de seguridad privada tras los atentados de las Torres Gemelas. Nunca un crecimiento empresarial había estado tan unido a la geopolítica estratégica. Ahora, hemos vuelto a ese tufo a negocio con el temor colectivo. Mientras tanto, apenas se han reforzado los estamentos de atención primaria, no se han fortalecido las medidas de prevención de salud y tampoco se ha concedido un trato adecuado, tras tanto aplauso, al personal sanitario. Todo lo contrario, en algunas regiones se ha corrido a enfrentar el saber científico contra el poder judicial, contra el negocio hostelero y contra la obvia pasión ciudadana por la vida social. Cuando uno ve las colas en los centros de salud y el aumento de listas de espera y la tardanza en la atención a tratamientos necesarios, lo que le entran ganas es de pensar si la caña en la terraza no terminará por convertirse en nuestra única farmacopea al alcance.
Pero aún más hiriente es descubrir la factura que pagamos a la gestión privada. Ya la Cámara de Cuentas madrileña en diciembre de 2019 reveló que la Comunidad de Madrid adeudaba más de 700 millones de euros a cinco hospitales de gestión privada. Entonces no trascendieron datos desagregados por centro sanitario, ahora sabemos que solo los hospitales de Quirónsalud en la región madrileña han multiplicado la deuda hasta llegar a los 1.300 millones de euros. Las cantidades son escalofriantes, pero son solo un pequeño detalle de la interferencia del negocio privado en esa tan cacareada defensa de la sanidad pública que escuchamos en cada campaña electoral. La realidad es que la estrategia pasa por precarizar el servicio, machacar su viabilidad y, de paso, a su personal y lograr que la sociedad conceda que su privatización será la única posibilidad de salvarlo. Volvemos a ese mantra de dejar hundir algo colectivo para luego reflotarlo como negocio particular. La próxima vez que oigan a todos los partidos prometer su compromiso con los servicios públicos no sean tan ingenuos, algunos trabajan para demolerlos, pero con la sutileza de la termita.
