Archivo o avaricia
Artículos de ocasión
Hace unas semanas, en una entrevista, la periodista Mercedes Milá se quejaba, con su sinceridad brutal y honesta, de un asunto que es preocupante. Se refería al coste que cargan las televisiones por el uso del archivo a la hora de componer piezas documentales o programas en distintas cadenas. En el caso de Mercedes Milá es aún más hiriente, porque trabaja en un programa de Movistar en el que repasa alguna de sus antiguas entrevistas con personajes a los que vuelve a citar para comentarlas. Al incorporar esos extractos, TVE le cobra en torno a los tres mil euros por minuto, porque son las tarifas estipuladas. Sucede de manera similar en todos los canales, que cobran unas tarifas por segundo que quedan fuera del alcance del presupuesto de cualquier documental al uso.
Cuando la pelea es entre canales, no parece que haya otra solución que acordar un pacto general entre ellos; pueden tener la fuerza para lograrlo, aunque, obviamente, el archivo histórico de TVE siempre les sacará una ventaja de treinta años de antigüedad, además de que se ha quedado como depositario y cobrador de cualquier fragmento del NO-DO. Pero cuando estas tarifas afectan a documentales de producción independiente el agravio que denuncia Milá es insultante. Para que se hagan una idea, TVE está pagando por comprar y emitir un documental independiente en torno a ocho mil euros. Con que el documental contenga tres minutos de archivo, ya ha superado el precio total que el productor va a lograr sacarle a la explotación televisiva de su pieza.
Cuando unas tarifas se alejan de la lógica económica, acaban por convertirse, más bien, en una censura disimulada. Por esta razón, tan solo la propia TVE podría producir documentales sobre el pasado nacional. Del mismo modo que, si alguien quisiera hacer un documental sobre la familia Pantoja o Belén Esteban tan solo podría contratarse con Telecinco para poder disponer del archivo histórico de sus trifulcas en pantalla pequeña. Algo así sucedió con el caso de la hija de Rocío Jurado y su exmarido, que solo la cadena depositaria de los derechos, Telecinco, podía armar un documental que denunciara incluso el tratamiento que esa propia cadena daba a la información sobre la joven Rocío. En el argot documentalista, cuando un material de archivo está en manos de quien impide la crítica, se habla de ‘secuestro informativo’. Pues esto sucede sin que nadie ponga un límite. Es evidente que mantener un archivo digitalizado y disponible tiene un coste y todo depositario debe cobrar por ese servicio. Pero lo que resulta de cajón es que el precio por minuto debe establecerse en consecuencia con el presupuesto del documental resultante. Por esta regla de tres, tan solo veremos piezas sobre la Guerra Civil con material de archivo en producciones enormes, pues el precio es prohibitivo para los pequeños creadores.
Pero en el caso que denuncia Milá hay, además, un agravio interesado. Cuando hace unos años puse en marcha un documental sobre la figura de Chicho Sánchez Ferlosio me encontré el mismo disparate. Las televisiones cobraban tres mil euros por minuto de cualquier entrevista con él o actuación en la que cantara alguna de sus canciones y que tuvieran en su archivo, pero, para mi sorpresa, no compartían ni un céntimo con los herederos del artista de esa fortuna recaudada. Al fin y al cabo, si la entrevista tenía interés era por sus palabras, no tanto por los formatos donde lo encajaron, que fueron pocos. Por ello, los abogados nos recomiendan ahora a todas las personas públicas que concedemos una entrevista en televisión que no firmemos la cesión de derechos que nos tienden de tapadillo las cadenas, salvo que en ella se incluya una cláusula de que cualquier uso comercial que se haga posteriormente con el material tenga que contar con el acuerdo de la persona entrevistada o sus herederos. Quizá por ahí se pueda frenar esta sangría interesada que practican los canales gracias a ese vacío legal, pues antaño nadie cedía sus derechos de imagen al aparecer en la tele. No parece razonable que si un nieto quiere hacer un documental sobre la figura de su abuelo tenga que pagar por usar entrevistas y reportajes donde su antecesor apareció de manera desinteresada en su día. La avaricia puede costar cara a las televisiones y hay que ponerle freno.
